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El Estado, ¿un mal empresario?


Las empresas públicas en manos del Gobierno Central reportaron en 2017 pérdidas por USD 86,17 millones. Las 22 que están a cargo de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas entraron en un proceso de optimización, por los malos resultados que han obtenido en los últimos años. Enfarma, en liquidación desde el 2016, se terminará de cerrar en este año. En sus cuentas, hay cifras que no cuadran. La Cementera Nacional también cerrará, a pesar de ser una de las únicas rentables.

 El Gobierno Central Ecuatoriano está a cargo de al menos 35 empresas públicas. Maneja desde medios de comunicación hasta una cementera, una fábrica de textiles y una de armas. Pero sin resultados positivos. Las empresas públicas no logran mayores ganancias, lo que ha hecho que el actual Gobierno se enfoque en ellas como en uno de los sectores para “optimizar” el servicio público, incluyendo la liquidación de tres empresas.

Según los datos del Banco Central del Ecuador, las empresas públicas no están bien financieramente. El reporte de las “operaciones de las empresas públicas no financieras” revela que en 2017 tuvieron un déficit (pérdida) de USD 86,2 millones. Al cierre de 2016, el BCE reporta que las empresas públicas registraron pérdidas por USD 1.576,6 millones, la cifra roja más alta desde 2003.

Esa tendencia se mantiene a pesar de que las empresas públicas reciben inyección directa de recursos estatales. Solo en 2017, cuando reportaron un déficit de USD 86 millones, tuvieron USD 474,98 millones en transferencias del sector público, según los mismos datos del Banco Central. El reporte del Banco Central no brinda el detalle de cada empresa. No se detalla cuáles empresas recibieron los recursos y en qué cantidad. De hecho, este reporte incluye en sus cálculos a las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados, aunque estas son mucho más pequeñas que las empresas nacionales.

Entre los documentos públicos de la Función Ejecutiva no hay un consenso sobre cuántas y cuáles empresas públicas existen. El catálogo del sector público del Ministerio de Finanzas, que recoge todas las instituciones del Estado, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados, enumera 66 “empresas públicas de la Función Ejecutiva” a marzo del 2018. Entre ellas están algunas empresas públicas de las universidades, y otras que cambiaron de nombre o fueron ya liquidadas.

Sin embargo, el catálogo de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas enumera a 22 empresas públicas, entre las que no están las empresas de las universidades. En cambio, sí se cuenta la empresa Enfarma, en liquidación desde 2016, pero que no ha concluido ese proceso. Estas 21 empresas (sin Enfarma) están en funcionamiento actualmente. Entre todas ellas suman 35.162 empleados públicos, que anualmente reciben USD 491 millones en sueldos.

Hay empresas, como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (8.434), Petroamazonas (7.376) y la Corporación Nacional de Electricidad (6.975), que están entre las instituciones públicas que más funcionarios tienen. Para referencia, el Consejo de la Judicatura, que en su nómina tiene a todos los jueces y funcionarios judiciales, tiene 11.624 funcionarios y es la quinta institución del Gobierno Central por número de servidores públicos.




Sin embargo, no están claro los rendimientos que estas obtienen y cuáles de ellas reciben recursos públicos y en qué cantidad. En la sección de transparencia de cada una de las páginas web de las 21 empresas públicas en funcionamiento controladas por la EMCO, solo cinco detallan lo que recibieron del 2017 como transferencias del Gobierno Central. De las 16 restantes, 7 no detallan el origen de sus ingresos y 9 solo reportan sus gastos.

La misma Empresa Coordinadora no reporta el origen de sus ingresos, sino solo sus gastos del 2017. Allí hay 97 empleados, que anualmente reciben USD 2,49 millones en salarios, sin calcular las bonificaciones y otros beneficios. Para la elaboración de este informe, se realizó una solicitud de información a la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas para que entregue copias de los informes financieros de 2016 y 2017 de las 21 instituciones que coordina. La respuesta tardó casi un mes en llegar, y la información no fue entregada con el argumento de que la EMCO “no tiene la facultad de entregar información financiera que no es producida por la misma”. Esta respuesta se dio a pesar de que el expresidente del Directorio, Edisson Garzón, ha presentado en medios de comunicación cifras sobre el desempeño financiero de las empresas en varias ocasiones. De hecho, la EMCO ha admitido públicamente la mala situación financiera que las empresas públicas. Según datos entregados a Diario Expreso, hay más de USD 1.875 millones en pérdidas en las empresas del Ejecutivo.

Es por ello que Plan de Eficiencia Económica presentado por el Gobierno en abril se enfoca, entre sus principales puntos, en las empresas públicas. De las 22 empresas de la EMCO, se prevé reducir hasta 15 hasta el 2021, a través de la liquidación de cinco y la fusión de cuatro. La decisión responde a la baja rentabilidad que muchas de ellas, como revelan los datos del Banco Central.

La Empresa Pública Cementera y Enfarma serán liquidadas inmediatamente, aunque la segunda ya se encuentra en proceso de liquidación desde 2016, y el mismo aún no se llega a concretar (leer detalle más adelante). Mientras que Fabrec, Ecuador Estratégico y Yachay EP serán liquidadas hasta 2021. 

Las 13 empresas restantes entrarán en procesos de fortalecimiento para estabilizarlas y maximizar su rentabilidad. Entre ellas están Tame, que registra millonarias pérdidas acumuladas, y la empresa Medios Públicos, que maneja El Telégrafo, Ecuador TV, la Radio Pública y los medios incautados en manos del Estado.


Enfarma: la empresa liquidada que entra en liquidación

Enfarma es una de las empresas que peor situación económica tiene. Fue creada en 2009 mediante decreto ejecutivo del entonces presidente Rafael Correa, con un capital USD 295.514. Su objetivo era garantizar el acceso de medicamentos a bajo costo al sistema de salud pública.

Siete años más tarde, el mismo Correa decretó su extinción. Pero casi dos años después de esto, aún no termina de cerrar del todo. Tal es así que entró como una de las empresas que serán liquidadas este año según el plan del Gobierno de Lenin Moreno. De hecho, aún funciona y tiene a 25 personas que trabajan allí, según esta entrevista de Garzón a La Hora.

Más de un año tardó una firma auditora independiente en revisar los estados financieros de Enfarma a 2016, año en el que solo operó hasta junio. La revisión es parte de un informe de Contraloría, aprobado en abril del 2018. Allí, la auditora concluye que los estados financieros de la empresa “no presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera y patrimonial de la Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP en Liquidación al 31 de diciembre de 2016, ni sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha”.

Según los reportes de Enfarma entregados para la auditoría, la empresa perdió 2,52 millones en 2016. Había presupuestado ventas por más de USD 17 millones en ese año. Pero fue liquidada a medio año, y hasta entonces había facturado USD 6 millones. Y los gastos fueron mayores a los ingresos. Solo los costos de ventas y los de comercialización sumaron USD 3,6 millones; a eso hay que añadir salarios y otros beneficios para los trabajadores, y todos los otros gastos en los que incurrió la empresa que le llevaron a un resultado negativo.


Además, la Contraloría detectó diferencias entre los roles de pagos y las planillas de aportes al IESS, fondos de reserva, y décimo tercer sueldo. Las declaraciones de IVA, impuesto a la renta y retenciones en la fuente también tienen diferencias entre lo que se declaró en el SRI y lo que consta en los libros contables de la empresa.

Pero eso no es todo lo que la auditoría revela. Según el informe, Enfarma no respondió los pedidos de información de la auditora sobre las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y varias actas de directorio. Además, la firma advierte que los informes financieros fueron preparados como si se tratara de una empresa en funcionamiento a pesar de que su liquidación comenzó en junio del 2016. “No se han efectuado estimaciones y provisiones relacionadas con la recuperabilidad de los activos, así como la determinación de la capacidad de la empresa pública para cubrir sus pasivos”, dice el informe.

La Empresa Cementera, una de las pocas que no pierde

La Empresa Cementera Nacional es una de las que pasan casi desapercibidas. Fue creada por Rafael Correa por decreto ejecutivo en 2010. En 2013, pasó a ser la principal accionista de la Unión Cementera Nacional, una empresa a su vez conformada por la fusión de dos empresas: Cementos Chimborazo (de economía mixta, pública con participación accionaria de sus empleados) y de Guapán S.A. (de propiedad inicial del IESS y vendida luego al Ministerio de la Producción).

Esta es una de las pocas empresas públicas que devuelve recursos al fisco. Así lo dio a conocer Edisson Garzón en abril pasado, cuando transfirió USD 8,6 millones al Ministerio de Finanzas, resultados de una desinversión realizada por la Cementera. Según la rendición de cuentas de 2017 de esa empresa, en ese año no recibieron recursos del Gobierno Central.


Pero los resultados de esa empresa no son positivos. En 2017, tuvo pérdidas por 1,95 millones. En 2016, en cambio, hubo ganancias. Según la auditoría a los estados financieros de 2016, recientemente aprobada por Contraloría, la empresa tuvo ganancias por USD 4,15 millones en ese año.

¿Qué pasó entre los dos años? El proceso de desinversión del que habla Garzón. Según dijo en una entrevista, ya no tiene líneas de negocio además de la venta de cemento, y eso le ha restado rentabilidad. Por eso, la Empresa Cementera es la segunda que será liquidada inmediatamente, junto con Enfarma. Según Garzón, viene de un proceso de desinversión y solo faltaba su liquidación, pero esta decisión se retrasó por “mucha burocracia”.

De hecho, la Empresa Cementera solo tiene 18 personas en su nómina. El proceso de “desinversión” se inició en 2016 y se concretó en marzo del año pasado, cuando la Empresa retiró todo su capital de participación en la Unión Cementera Nacional, que como se dijo más arriba, es el resultado de la fusión de dos empresas, una pública y una mixta.

¿Se privatizó una empresa pública? Todo parece indicar que sí, pero se hizo progresivamente. Cuando Cemento Chimborazo y Guapán se fusionaron en la Unión Cementera Nacional en 2013, la Empresa Pública Cementera pasó a ser su principal accionista, con el 94% de las acciones. Sin embargo, luego de un proceso de búsqueda de un “socio estratégico” en 2015, dejó de ser el accionista mayoritario. La empresa peruana Casaraca S.A. aumentó el capital de Unión Cementera y se convirtió en el accionista mayoritario, con el 62% de las acciones, y la Empresa Pública se quedó con el 36%.

Pero en diciembre del 2016, la Empresa Pública decidió retirar todo su capital de la Unión Cementera (USD 134.687.594,86) y vendérselo a la peruana. El contrato de compraventa se suscribió el de diciembre de 2016. Casaraca pagó USD 146.814.620 a la Empresa Pública Cementera por la totalidad de sus acciones. Con eso, el Estado retiró totalmente su participación de esa empresa, y la Unión Cementera Nacional pasó a ser una empresa privada.

A esto se refiere Garzón cuando dice que la Empresa Cementera ya no tiene líneas de negocios y por tanto, los gastos de nómina y mantenimiento fueron mayores a los ingresos en 2017. Y aunque era una empresa con rentabilidad, ahora hasta fin de mes deberá ser liquidada.

1 comentario:

  1. Los resultados de las EPs no deben "netearse". Los análisis realizados de manera consolidada no logran captar la realidad financiera de cada una de las EPs y su aporte en relación con el PGE. La reestructura es necesaria, pero analizando a cada EP en su particularidad.

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